P. interrepublicano

Cánovas tiene desde el último día de 1874 el control  de la Gaceta y lo va a utilizar para ir tejiendo el entramado político y social que lleva años urdiendo: un sistema político estable con una legislación básica consensuada y moderada,  que mantuviera alejados de la vida española los pronunciamientos y las revoluciones. Paradójicamente su acceso al poder se produce por la fuerza de las armas y no por obra del convencimiento. Será presidente merced al pronunciamiento que el general Martínez Campos protagonizó en la mañana del 29 de diciembre de 1874, en las proximidades de Sagunto,  y al apoyo recibido de   los ejércitos del Centro y del Norte y de las principales guarniciones de Madrid y provincias que secundan ese golpe militar. El general Primo de Rivera será el encargado de transmitir el mando, abandonado por el general Serrano como presidente del ejecutivo, al representante oficial del Rey: Antonio Cánovas del Castillo. Se inicia, pues, en esos primeros días de enero de 1875  la Restauración Borbónica. El nuevo régimen,   legitimado ya en el diario oficial,  se hará ostentosamente visible al pueblo con la entrada triunfal que el día 14 del referido mes protagonizó  Alfonso XII  en la capital del reino.

El período que ahora se inicia se fundamentará en el entendimiento político entre  el Partido Conservador, dirigido por Cánovas,  y el Partido Liberal, de Práxedes Mateo Sagasta,  en dos aspectos fundamentales: la alternancia de gobierno y el texto constitucional.

Las reglas del juego que regularon la sucesión en el gobierno entre estos dos partidos políticos, establecían que cuando el rey consideraba que debía producirse el cambio, el grupo  que había estado en la oposición debía conseguir una composición del Parlamento que le diese la mayoría suficiente para poder gobernar. De la convocatoria de elecciones se obtenía como ineludible resultado esa necesaria mayoría. De esta manera, los gobiernos no se forman o derriban por una revolución o un pronunciamiento, sino que tienen su origen en la fraudulenta maquinaria electoral manejada por los caciques de cada circunscripción  quienes,  con la complicidad de las autoridades civiles, logran el resultado deseado.

La Constitución de 1876, cuya redacción es seguida  muy de cerca por el propio Cánovas del Castillo, fue elaborada mirando con un ojo a la liberal, parlamentaria y democrática de 1869  y, con el otro,  a la moderada de 1845. El resultado final se aproxima bastante a esta última pero permite, por su flexibilidad, incorporar aspectos más avanzados cuando corresponda realizar una lectura más progresista de su articulado. Al fin y al cabo, es fruto de mutuas transacciones  y su texto va a permitir gobernar tanto a conservadores,  como a  liberales, y así  durante varias décadas.

El acuerdo de los dos grandes partidos sobre las reglas  básicas del funcionamiento político se complementa con el final de la guerra carlista (1876) y la de Cuba (Paz de Zanjón, 1878). Conseguida la paz, las energías gubernamentales se centrarán en resolver la crisis política interior y en la consolidación  de las estructuras del nuevo régimen; en desarrollar el proyecto que Cánovas había ideado para que la nación española llegara a parecerse  a las más avanzadas de entre las  europeas, en especial, a Gran Bretaña.

Durante el período objeto del presente trabajo, España vive, en efecto, un gran proceso de transformación, de desarrollo de sus estructuras socioeconómicas,  y ello es  debido, en gran parte, a la relativa estabilidad política que se consigue con el final de las tradicionales disputas que se habían vivido hasta entonces en las filas liberales, lo cual les va a permitir avanzar en el proceso de consolidación del estado liberal burgués que se había ido gestando, no sin dificultades, desde los comienzos del siglo diecinueve.

Lo comentado hasta ahora acerca del Periodo Interrepublicano, apunta hacia una etapa de gran importancia en la historia contemporánea de España. No es, sin embargo,  objetivo de este texto introductorio profundizar en el asunto; no obstante, sí parece conveniente detenerse, aunque sea brevemente, en resaltar aquellos aspectos que van a condicionar de manera cierta la vida social, no sólo la de entonces, sino también, y en determinados aspectos especialmente, la de las décadas posteriores. Son los más importantes entre éstos los siguientes: la confesionalidad del Estado, el proceso de industrialización, el papel de los militares en la sociedad, las tensiones territoriales y la situación de España en el mundo.

El modelo de estado canovista reservaba a los militares un papel de  menor protagonismo  que aquel que habían desempeñado  hasta entonces: los pronunciamientos tienen que dejar  de ser el sistema utilizado para formar y destituir gobiernos; a partir de  ahora será el proceso electoral el que habilite el relevo entre los partidos.    De esta forma  se logra una mayor legitimación formal de los gobiernos, al tiempo que  disminuyen los sobresaltos. Pero la nueva situación requería un reacomodo del estamento militar, ya que  disminuía su influencia en la sociedad y se limitaban sus posibilidades de ascenso a los  méritos de guerra: terminada la  Carlista, el teatro de operaciones pasó a la isla de Cuba, de donde los ejércitos españoles debieron de retornar vencidos y desmoralizados en 1898. La frustración por la derrota caribeña, se mitigó un tanto con la nueva aventura africana que se inicia años después: se abren nuevas expectativas profesionales. Sin embargo, la Guerra de Marruecos va a suponer, por otros motivos, un permanente foco de tensiones  durante la segunda parte del período que nos ocupa; convirtiéndose la cuestión militar en tema de primer orden en la sociedad española. El descontento popular por las quintas obligatorias y la masacre de soldados sufrida en las campañas africanas fue en aumento; las peticiones de responsabilidades por esas muertes se fueron generalizando.  Los militares, para hacer frente a esta presión social y a otros problemas profesionales  derivados de la anticuada estructura del ejército, se organizan   creando las Juntas de Defensa como órgano de presión ante el estamento político.

Aquella  España de comienzos del último cuarto del XIX, agrícola y rural, asiste durante este tiempo a un proceso de industrialización que, a pesar de estar limitado a determinadas áreas periféricas, se constituirá como un elemento de gran poder transformador de las estructuras económicas y sociales del país. Al final del periodo objeto de nuestro estudio, la sociedad española es, en gran medida, diferente a la de los años setenta del siglo anterior por diversas mutaciones que han venido ocurriendo desde entonces entre las que destacamos las siguientes: creciente urbanización, proletarización de amplias capas de la sociedad, enriquecimiento de la burguesía financiera e industrial, mejora de las infraestructuras de transporte, aparición de diversas formas de ocio, proliferación de las publicaciones periódicas de todo tipo, progresiva polarización social…

El diferente ritmo de crecimiento que se constata  entre la periferia industrial y el interior agrícola, va a propiciar la incorporación de las burguesías vascas y catalanas al movimiento regionalista existente en sus territorios y que está inspirado, en gran medida, en planteamientos tradicionalistas. A partir de entonces, la defensa de los intereses económicos  de los sectores comerciales e industriales catalanes y vascos, formarán parte del capítulo de reivindicaciones que, desde estos territorios se plantearán ante los gobiernos de Madrid. Así las cosas, la cuestión regional será otro de los elementos sobre los que se articulará el debate político en los años que nos ocupan.

La pérdida de Cuba y Filipinas supuso un duro golpe para la sociedad española. La llegada a los puertos españoles de los barcos que transportaban desde tierras cubanas a los vencidos soldados, enfrentó a España con su verdadera situación en el mundo: aquellos depauperados cuerpos  representaban la nueva imagen de aquel país en cuyos centros de poder se habían regido, en un pasado no tan lejano,  los destinos de medio mundo. Mucha tinta se utilizó en el proceso catártico que siguió a la pérdida de los últimos territorios de las grandezas pasadas. La palabra más repetida fue la de «regeneración». Regeneración de aquel sistema político basado en el fraude electoral consentido; en el poder de los caciques; en el analfabetismo de la mayoría de la población. La regeneración social frente al conservadurismo, el rigor científico frente a la superstición,  el esfuerzo en pos de un futuro mejor frente a las glorias pasadas… van a constituir nuevos ejes de tensión en los cuales la sociedad española desarrollará su existencia en estos años.

Desde los años treinta, las relaciones entre los liberales y la Iglesia habían estado sometidas a algunos sobresaltos  debidos, fundamentalmente, a la necesidad que tenían los dirigentes del nuevo régimen de poner la tierra, durante generaciones adormecida en poder de obispados y monasterios, presta para generar riqueza. Será ahora, en las etapas iniciales  de la Restauración, cuando se establezcan  las bases de una relación más estable, prometedora y mutuamente beneficiosa. Si el Concordato de 1851 viene a restañar las heridas producidas por el proceso desamortizador puesto en marcha por  Mendizábal, al incluir en los presupuestos del Estado los gastos ocasionados para el sostenimiento de los templos y el clero, al tiempo que el Vaticano otorgaba  legitimación suficiente al reinado de Isabel II frente a las pretensiones carlistas, la nueva etapa política disipará cualquier resto de laicismo republicano, concediendo a la Iglesia  altas cotas de influencia social. El acercamiento de los representantes políticos a la jerarquía eclesiástica se ve correspondido por la nueva postura que ésta adopta en la nueva coyuntura política, pues se torna más pragmática con el poder burgués, y ello a pesar del rechazo que muchos de sus ministros sienten por todo lo que suene a liberal. Acepta la Constitución de 1876, con la contrapartida de poder llevar a cabo con grandes dosis de libertad su magisterio e influencia sobre la sociedad.  Los gobiernos canovistas favorecen esta pretensión católica al permitir la libre creación de colegios. En poco tiempo, aumentan los censos de religiosos y las ciudades españolas asisten  a la creación de numerosos centros escolares que, regentados por diferentes órdenes religiosas, dedican sus esfuerzos a educar preferentemente a los hijos de la creciente burguesía urbana.

La misma legislación que posibilita la generalización del magisterio católico en las escuelas,  permitirá la aparición de la Institución Libre de Enseñanza y, andando el tiempo, de la Escuela Moderna de Ferrer Guardia y de otras múltiples escuelas neutras, laicas o racionalistas que surgirán por toda la geografía española. La característica común de todas ellas es la de tener entre sus principios educativos la racionalidad, la libertad de pensamiento y la secularización.

El magisterio de la Iglesia no se limitará a la edad escolar, se extenderá también a otros ámbitos de la vida española: los espectáculos públicos, el papel de la mujer en la sociedad, la moralidad del vestido, la caridad… También en estas cuestiones habrá sectores de la sociedad que se muestren críticos con lo que consideran una intolerable ingerencia. Frente a la censura eclesiástica de las primeras proyecciones cinematográficas, habrá quienes celebren de forma entusiasta las ventajas  del nuevo artilugio; frente a la condena de algunas representaciones teatrales, El padre Juan de Rosario de Acuña o Electra de Galdós por ejemplo, habrá quienes se muestren encendidos defensores de la libertad de creación y expresión; frente al matrimonio religioso habrá quienes, venciendo  todo tipo de presiones, se apresure a  celebrar el suyo ante el juez.

A pesar de las  manifiestas carencias del sistema político establecido en  la Restauración, éste tendrá, una vez consolidado, unas estructuras que se asemejan, al menos en el aspecto formal,  a las existentes en  otros estados próximos. La economía, por su parte, beneficiada en ocasiones por diversas coyunturas internacionales, como sucedió durante la Primera Guerra Mundial,  experimenta un crecimiento notable que aproxima a España al resto de países europeos. Las infraestructuras reciben en este tiempo un impulso considerable con la construcción de miles de kilómetros tanto de vías para el ferrocarril, como de carreteras.

No obstante el crecimiento, la polarización de la sociedad se intensifica. Frente a la ortodoxia socio-religiosa se va constituyendo un grupo de heterodoxos que desde posiciones anticlericales, republicanas y proletarias, va acrecentando el número de opositores al regimen. Si a esta divergencia ideológica unimos las tensiones territoriales y militares, además de las que surgen de la propia dinámica parlamentaria, nos encontraremos con el agónico final del sistema político promovido por Cánovas,  que se prolongará durante unos años más con el concurso de los militares que acceden al gobierno en  1923. Al final, las urnas son las encargadas de dirimir la cuestión entre estos dos modos de entender España. Cincuenta y seis años después, de nuevo la República.

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