Concordato de 1851

«En 1851 se firma el Concordato  entre Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y Su Majestad Católica Doña Isabel II Reina de las Españas,    un acuerdo que  contribuirá a  mejorar las deterioradas relaciones existentes entre los liberales  y la jerarquía católica, enfrentados desde tiempo atrás acerca del papel que habría de desempeñar la Iglesia, defensora ardiente del Antiguo Régimen, en el nuevo orden institucional que  se estaba configurando.  En efecto, a raíz de la muerte de Fernando VII se había abierto una profunda brecha entre el clero y el nuevo poder político, que el proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos puesto en marcha por los primeros gobiernos liberales no hizo más que agrandar. No obstante, a finales de la década siguiente la situación ha cambiado, pues  la necesidad de legitimación de la monarquía isabelina frente a las pretensiones carlistas  y el temor al contagio revolucionario que  había conmocionado a las cortes europeas en 1848 propician cierto acercamiento entre las partes en litigio que dará como resultado la firma del Concordato: con lo cual  la Iglesia española, a pesar de haber apoyado abiertamente  a quienes seguían aferrándose  a   la tradición y el absolutismo, conseguirá  poner un pie dentro del entramado instaurado por el nuevo Estado liberal,  recuperando,  en gran medida, su privilegiada  situación anterior,  lo que  le habrá de conferir, de nuevo,  una creciente influencia social en la España decimonónica.

Sin embargo, no tardará en aflorar la semilla de la contradicción que se hallaba atollada en el articulado del acuerdo, cual es el reconocimiento del carácter hegemónico de la religión católica, apostólica y romana en un estado pretendidamente liberal. La confesionalidad de las instituciones casa bien en una sociedad teocrática, pero no soporta los nuevos aires que enaltecen la libertad individual. Una cosa va a ser, por tanto,  el texto del Concordato y otra muy distinta la posición que adopten  los españoles  ante aquel extraño maridaje que configura un estado liberal, al tiempo que confesional: la gran mayoría de los católicos, a cuya cabeza se sitúa buena parte del clero rural, se opondrá tenazmente a todo cuanto proceda del maléfico liberalismo, acusado de errático por el propio Pío IX; por otra parte, no faltarán  liberales que se obstinen en la defensa de los   principios  de libertad que les inspiran, postulando que todas las confesiones religiosas tengan cabida en el nuevo Estado, objetivo que al fin verán cumplido cuando el artículo 21 de la Constitución de 1869 garantice  la práctica de cualquier culto religioso.

La ruptura de la  unidad religiosa de la Nación española va a movilizar a buena parte de la sociedad que se manifestará contra el precepto constitucional,   intensificando el proceso de acercamiento entre los sectores confesionales y el ala conservadora del liberalismo  que había auspiciado la firma del Concordato,  lo cual favorecerá la aparición de    un sustrato ideológico-estratégico que favorecerá el desarrollo de  una mentalidad católico-conservadora  en  una parte importante de la población. Al mismo tiempo, como si de una necesidad ineludible se tratara, junto a ella se habrá de configurar otra, de tipo secularizador y progresista, opuesta por completo a aquella, que irá engrosando sus filas de adeptos con las sucesivas incorporaciones de todos cuantos se sienten al margen de la estructura social dominante.  Ambas cosmovisiones, en una dinámica dialéctica imparable, llegarán a confrontar su tesis en todos los órdenes de la vida y con todos los medios a su alcance, incluida, andando el tiempo, la lucha armada. A un lado de la gruesa línea que el miedo de unos y la desesperación de otros terminará trazando entre los españoles, se habrán de situar quienes consideran que es imprescindible otorgar plenos poderes a la Iglesia dentro de la estructura del Estado para que ésta pueda ejercer el  control de la moralidad colectiva y servir así de garante de la estabilidad social precisa para el crecimiento del nuevo orden burgués; en el  otro convergerán todos los que se dan de bruces contra la poderosa alianza política-religiosa que está surgiendo y no encajan en aquella sociedad que sacraliza el orden y las buenas costumbres o, mejor dicho, su  visión del orden y las buenas costumbres; allí estarán quienes profesan una religión distinta de la católica, los masones, los librepensadores, los anarquistas, los socialistas, los republicanos…

El acuerdo alcanzado con el Vaticano va a permitir que se puedan restañar algunas de las heridas producidas en las relaciones Iglesia-Estado con ocasión de las medidas desamortizadoras tomadas en los años treinta por los primeros gobiernos liberales. La secular simbiosis establecida entre Monarquía e Iglesia, que tan buenos resultados deparó a ambas instituciones en el Antiguo Régimen,  se vio entonces dañada por el entusiasmo doctrinario de algunos liberales progresistas que, aprovechando la existencia de una  coyuntura favorable, se decidieron a  promulgar una legislación desamortizadora que pretendía la puesta  en circulación de una ingente cantidad de propiedades rurales y urbanas,  las cuales, por hallarse en manos muertas, quedaban fuera del mercado y de las leyes que rigen el mismo.  Los padres de aquella revolución liberal, que se abría paso lentamente al son de conspiraciones, motines y levantamientos, habían diagnosticado los males de la agricultura patria varias décadas atrás. Así, por ejemplo, El Informe sobre la Ley Agraria, que Jovellanos elaborara para la Sociedad Económica de Madrid en 1794,   ya resaltaba que la carestía de los terrenos era uno de los principales estorbos que impedían el progreso de esta principal actividad económica. En su opinión, la causa primordial del elevado precio que alcanzan las propiedades es deudora de la escasez de oferta de las tierras de labor, consecuencia de «la enorme cantidad de ellas que está amortizada», encadenada a la perpetua posesión de cuerpos y familias por efecto de las leyes que han venido favoreciendo la amortización, en un proceso de acumulación indefinida que excluye al resto de la población de la posibilidad de obtener las riquezas que su explotación racional depararía. Esta anómala situación merma la capacidad de crecimiento en el sector, por cuanto a los por entonces tenedores de las tierras les faltaría la iniciativa y el empuje necesarios para obtener el máximo rendimiento de aquellos capitales. En el citado Informe, Jovellanos, al analizar el papel que desempeñan en la economía nacional los bienes raíces en manos de la Iglesia, apunta una posible, aunque inesperable, solución: la enajenación voluntaria por parte del clero de tales bienes, con lo cual su producción pasaría a estar regulada por las leyes de eficiencia del mercado:

La Sociedad, Señor, penetrada de respeto y confianza en la sabiduría y virtud de nuestro clero, está tan lejos de temer que le sea repugnante la ley de amortización que, antes bien, cree que si su majestad se dignase de encargar a los reverendos prelados de las iglesias que promoviesen por sí mismos la enajenación de sus propiedades territoriales para volverlas a las manos del pueblo, bien fuese vendiéndolas y convirtiendo su producto en imposiciones de censos o en fondos públicos, o bien dándolas en foros o en enfiteusis perpetuos y libres de laumedio, correrían ansiosos a hacer este servicio a la patria con el mismo celo y generosidad con que la han socorrido siempre en todos sus apuros.

Como quiera que en los años siguientes los reverendos prelados no promovieran por sí mismos la enajenación de las propiedades que se hallaban en sus manos, habrán de ser los diferentes gobiernos progresistas quienes tomen la iniciativa, poniendo en marcha a partir de 1834 un largo proceso de desamortización, el cual, fiel al proyecto liberal, pretende situar en el mercado la ingente riqueza agrícola del país que hasta entonces había estado insuficientemente aprovechada. En todo caso, la medida no obedece  solo a un asunto de principios, de doctrina, sino que, como señala Germán Rueda (1986: 15), se justifica también por  otras razones, de carácter más coyuntural tales  como la  necesidad  de conseguir fondos para paliar el déficit del Estado, derivado, entre otras causas, de la guerra contra los partidarios del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón; el deseo de crear una masa de propietarios defensores de la causa liberal; o el interés en aminorar la influencia social del clero, que en su mayoría defendía  la causa carlista. Con estas motivaciones en mente, los progresistas inician el proceso con la incautación de los bienes de aquellos eclesiásticos que colaboran con los carlistas, así como de las casas de religiosos de las que hubiera constancia que hubiera huido alguno de sus moradores. Al siguiente año, se dictan diversos decretos por los que se suprimen determinadas órdenes o congregaciones poniendo sus bienes en venta. En 1837, siendo Juan Álvarez Mendizábal ministro de Hacienda, se amplían los bienes objeto de desamortización, alcanzando entonces a todas las propiedades en manos   de cualquier organización eclesiástica.

A pesar de que en el pasado ya se habían tomado algunas medidas de este tipo, nunca antes habían alcanzado tal magnitud. El descalabro recibido es importante, en especial para las órdenes monásticas, que ven disminuir de manera significativa tanto el número de conventos como el de profesos, en mayor medida en el caso de las órdenes masculinas, pues las monjas, a pesar de las exclaustraciones, mantendrán la mayoría de los suyos. La incautación por parte del Estado de tan ingente cantidad de bienes acumulados por el clero durante siglos, provoca un evidente debilitamiento de la estructura eclesial que ve mermada tanto su fortaleza económica como su influencia sobre el gran número de colonos que hasta entonces explotaban sus propiedades. Así las cosas, el recrudecimiento de la pugna entre la Iglesia española y los liberales parece inevitable. La jerarquía eclesiástica, que había defendido con ardor los postulados del absolutismo en tiempos de Fernando VII y que no duda en arremeter a la muerte del monarca contra las filas liberales, apoyando de manera decidida, al menos ideológicamente, a las huestes carlistas, pone en acción toda su capacidad de influencia contra sus adversarios, a quienes no duda en acusar de herejía y ateísmo.

No obstante, al tiempo que se mantiene esta mayoritaria actitud beligerante frente al régimen liberal, va a aparecer una corriente, desde luego con reducidos efectivos en un principio, que intentará tender puentes de acercamiento al liberalismo con el objetivo de hallar espacios de entendimiento que permitan atenuar el alcance de las nuevas medidas que los gobiernos pretendan poner en marcha en materia religiosa.  La llegada al poder en 1844 de Narváez y sus seguidores, dando inicio a lo que se ha dado en llamar Década Moderada, dará alas   a esta línea posibilista, de continua búsqueda de canales de entendimiento entre el poder político y religioso. Los moderados, que habían aceptado las medidas desamortizadoras tomadas por los liberales con poco entusiasmo, se mostraban más proclives a mejorar las relaciones con la Iglesia una vez que, tras el Acuerdo de Vergara, parecía que el nuevo régimen se iba consolidando. Y es que una cosa era defender al régimen liberal de los embates del clero más reaccionario, o la libre circulación de las propiedades amortizadas, o, incluso, la disminución del elevado número de clérigos que poblaban los numerosos conventos dispersos por el país, cuya existencia no se podía justificar por las necesidades del culto, y otra muy distinta mantener una posición de frontal enfrentamiento con la Iglesia, promoviendo la secularización de los cementerios, el establecimiento de una enseñanza laica o la eliminación de los presupuestos del reino de toda ayuda para el sostenimiento del culto.

Las buenas artes desarrolladas por aquellos grupos más proclives al acuerdo dieron su fruto en 1849, cuando se promulga una ley que autoriza al Gobierno para que «verifique el arreglo general del Clero y procure la solución de las cuestiones eclesiásticas pendientes», todo ello con acuerdo de la Santa Sede y conciliando las necesidades de la Iglesia y el Estado.  La maquinaria diplomática se pone entonces en marcha con dos objetivos complementarios: por parte del Reino de España, conseguir el reconocimiento vaticano de la monarquía isabelina y, por consiguiente, la retirada del apoyo eclesiástico con que contaba el pretendiente carlista; por parte de la Santa Sede, la recuperación del poder económico y de la capacidad de influencia sobre la sociedad española. El principal escollo que encuentran los negociadores para alcanzar un acuerdo es, cómo no, la situación de las antiguas propiedades eclesiásticas. Al fin, tras meses de negociaciones, Juan Brunelli, Arzobispo de Tesalónica, y Manuel Bertrán de Lis, plenipotenciarios del Papa y de la Reina respectivamente, ponen su firma en Madrid al texto definitivo del acuerdo el 16 de marzo de 1851. Tras las preceptivas ratificaciones, el Concordato se convierte en Ley del Estado a raíz de su publicación en la Gaceta de Madrid el 19 de octubre de ese año. El articulado recoge los principales objetivos de ambas partes: la Santa Sede obtenía la devolución de los bienes que no habían sido vendidos a lo largo del proceso desamortizador, el control de la educación y el compromiso de que las arcas del Reino correrían con los gastos del culto. La Monarquía, por su parte, veía reconocida la legitimidad del nuevo Estado liberal a cuyo frente se encontraba la reina Isabel II, debilitándose de esta forma el apoyo con que había contado la causa del pretendiente carlista, al tiempo que ajustaba las viejas estructuras económicas y territoriales de la Iglesia del Antiguo Régimen a los nuevos postulados liberales.

El texto concordatario obliga a la Iglesia a una profunda reconversión, que se torna imprescindible para adaptarse a los nuevos tiempos: debe asumir una nueva estructura organizativa que, al tener tan solo en cuenta las necesidades del culto, supone la aceptación de la significativa reducción del número de monjes que había tenido lugar con ocasión de la aplicación de las medidas desamortizadoras;  así como la  pérdida de sus anteriores facultades jurisdiccionales y recaudatorias, por cuanto desde ese mismo momento le es negada la posibilidad de exigir prestaciones fiscales a los ciudadanos.  No obstante, aquella Iglesia disminuida saldrá del proceso con una base sólida bajo sus pies y con un amplio campo de actuación desde el que continuar ejerciendo su influencia sobre la sociedad, en base a lo establecido en los primeros tres artículos del Concordato, en donde se proclama la exclusividad de la religión católica apostólica romana, «la única de la Nación española» (art. 1º); el derecho a la vigilancia de la ortodoxia ideológica en todos los estudios que sean impartidos en cualquier centro de enseñanza, público o privado, teniendo los obispos y demás prelados libertad para «velar sobre la pureza de la doctrina de la fe, y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas» (art. 2º);  y el apoyo explícito  a los obispos por parte de las autoridades civiles, especialmente de Su Majestad y su Real Gobierno, en su lucha contra la malignidad de los hombres «que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos» (art. 3º).

Por lo tanto, el Concordato de 1851 va a establecer las nuevas bases de funcionamiento, y potencial crecimiento, de la Iglesia en la España gobernada por la oligarquía liberal. Los enfrentamientos frontales que las autoridades eclesiásticas habían protagonizado frente al nuevo régimen darán paso a una actitud más posibilista, lo cual   permitirá ir asumiendo los espacios de influencia abiertos en el texto concordatario. Poco a poco, y no sin algún que otro contratiempo, la jerarquía católica se va a ir  encontrando más cómoda en el nuevo Estado, estableciendo sólidos lazos con un sector de la oligarquía dominante con el cual, vencidos los mutuos recelos de la primera época, constituirá una  sólida estructura ideológica, con escasos márgenes de tolerancia a la disidencia, que permitirá a la Iglesia desplegar toda su influencia social y política en los años de la Restauración, durante los cuales se habrán de dirimir duras batallas frente a los sectores que se obstinan en reclamar mayores cotas de libertad de pensamiento.»

(FERNÁNDEZ RIERA, Macrino:   Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato . Gijón: Zahorí Ediciones, 2009)

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