9. León XIII coge con el pie cambiado a la Iglesia española

La Iglesia española no empezará a tomarse en serio la cuestión social hasta que León XIII haga pública la encíclica Rerum Novarum en el mes de mayo de 1891. Fue entonces cuando se puso en evidencia el desfase existente: mientras que para el clero alemán, francés o belga el texto pontificio no hacía más que representar un respaldo a los esfuerzos que venía realizando desde tiempo atrás en este campo, para el español supuso cierta sorpresa, pues aquel asunto no constituía una prioridad, a juzgar por el contenido de los debates desarrollados en el seno de los dos Congresos Católicos ya celebrados, que se centraron más en el intento de  mitigar las tensiones existentes entre los integristas de Nocedal, los carlistas del duque de Madrid y los neocatólicos de Pidal, que de abordar en profundidad los problemas de los obreros. En consecuencia, las resoluciones adoptadas en este sentido son bastante genéricas y prudentes. Así sucede en Madrid, donde se acuerda recomendar a las instituciones que procuren mejorar la condición obrera; se pide a los patrones que colaboren en la formación moral de sus obreros con capillas, escuelas, organización de misiones y persecución de la blasfemia; y se solicita al Gobierno que implante el descanso dominical y combata el juego y el alcoholismo. Un año después, los reunidos en Zaragoza no pueden menos que abordar el asunto con un poco más de dedicación, habida cuenta de las repercusiones que está teniendo la campaña de la UGT y el PSOE a favor de la jornada de ocho horas. Con todo, se sigue insistiendo en las recomendaciones a las diversas instituciones para que intenten mitigar las penalidades de los obreros y en la exaltación de la necesaria armonía entre el capital y el trabajo .

La necesidad de hacer frente a los postulados marxistas que iban arraigando en el terreno abonado por los excesos del liberalismo capitalista, lleva a León XIII a pronunciarse sobre la situación de los obreros, la mayoría de los cuales viven «en una situación miserable y calamitosa», resultado del desamparo en que se encuentran, desprotegidos de las instituciones públicas «y las leyes de la religión de nuestros antepasados», ante »la inhumanidad de los empresarios y la desenfrenada codicia de los competidores». Para el Pontífice la solución no puede venir, en ningún caso, de los socialistas quienes, «atizando el odio de los indigentes contra los ricos», pretenden acabar con la propiedad privada, lo cual constituye una medida ineficaz e injusta «pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la república y agita fundamentalmente a las naciones». También yerran en su empeño de igualar a los hombres, cuando por naturaleza existen entre ellos muchas y grandes diferencias. Ante éstas y otras desviaciones defendidas por los revolucionarios, la Iglesia no puede permanecer en silencio, como tampoco debe hacerlo ante los excesos cometidos por algunos opulentos y adinerados que «han impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios». El texto pontificio supone, pues, un reconocimiento expreso de la existencia de una cuestión social, una condena de los excesos del liberalismo económico y una alternativa a los proyectos socialistas para mejorar la situación de los obreros, que se configura en torno a las siguientes propuestas : a) el Estado debe prestar la protección necesaria a los más humildes, que son quienes más la necesitan, regulando las condiciones laborales y mejorando sus condiciones de vida; b) es necesario fomentar la colaboración de patronos y obreros, pues la Iglesia, frente a quienes defienden la lucha entre clases, «trata de unir una clase con la otra por la aproximación y la amistad»; c) los católicos deben apoyar y potenciar las distintas asociaciones que se están promoviendo para la protección de los trabajadores y sus familias, especialmente las sociedades de obreros que buscan, con el apoyo del magisterio de la Iglesia y la participación de algunos patronos, la protección de sus asociados, procurando que no falte el trabajo y que, con la aportación periódica de sus miembros, se pueda «subvenir a las necesidades de cada uno, tanto en los casos de accidentes fortuitos de la industria cuanto en la enfermedad, en la vejez y en cualquier infortunio».

El respaldo explícito que León XIII otorga a aquellos católicos que desde hace años llevan laborando en esta dirección («Son dignos de encomio, ciertamente, muchos de los nuestros que, examinando concienzudamente lo que piden los tiempos, experimentan y ensayan los medios de mejorar a los obreros con oficios honestos») obliga a quienes, como en el caso de la mayoría de los dirigentes católicos españoles, han sido menos diligentes en estos asuntos. A pesar de que no todas las propuestas papales fueron recibidas con satisfacción, especialmente en lo  que atañe a la intervención del Estado en la protección de los trabajadores, una vez conocida la voluntad pontifica, el episcopado español pone manos a la obra con  cierta celeridad, de manera tal que entre los acuerdos adoptados en el III Congreso Católico, celebrado en Sevilla en 1892, ya se establecen las oportunas directrices al objeto de impulsar el funcionamiento en las principales poblaciones del país  de «los gremios mixtos recomendados con empeño por el Romano Pontífice». Según recoge la Crónica del tercer Congreso Católico Nacional Español, los presentes acuerdan que en cada gremio exista una caja de socorros, otra de préstamos, una comisión de protectorado y defensa con la misión de encontrar trabajo para quien no lo tenga, así como el establecimiento de clases dominicales y, si es posible, nocturnas para la enseñanza propia del obrero.

El jesuita castellonense Antonio Vicent, quien durante los años que pasó en Francia había conocido el funcionamiento de las asociaciones impulsadas en aquel país por Albert de Mun,   adquirirá gran notoriedad como principal promotor de los círculos obreros en los años finales del siglo.  Parece ser que, gracias a la dedicación de Vicent y al apoyo prestado por  la mayoría de los obispos, a principios del siglo XX ya se habrían constituido unas 257 asociaciones de este tipo que agruparían a unos 180.000 afiliados. No obstante, muchos eran los trabajadores que preferían integrarse en los sindicatos anarquista o socialista no solo por cuestiones ideológicas, sino también por la desconfianza que sentían hacia unas organizaciones que contaban con la presencia y el amparo patronal. El carácter mixto de los círculos era la causa que, en opinión de algunos sectores católicos, mantenía a buena parte de los obreros españoles alejada de las organizaciones católicas.  Era preciso, pues, hacer algo más para recristianizar a las masas que se echaban en manos de los revolucionarios. Esa era la opinión de Maximiliano Arboleya, canónigo de la catedral de Oviedo, del dominico José Gafo Muñiz —el padre Gafo—, o del jesuita Gabriel Palau quienes, compartiendo los objetivos que animaban el funcionamiento de los círculos, pensaban que era imprescindible abordar con un mayor pragmatismo el asociacionismo obrero católico.

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Acerca de Macrino Fernandez Riera

Mis investigaciones se han orientado hacia el estudio de la historia de Asturias durante el Periodo Interrepublicano, dedicando una especial atención a la vida y obra de Rosario de Acuña y Villanueva. Publicaciones: La Escuela Neutra Graduada de Gijón (2005), Rosario de Acuña en Asturias (2005), Mujeres de Gijón, 1898-1941 (2006), Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (2009), Deporte y educación física en Asturias. De los inicios a la guerra civil (2010), Rutas y senderos para disfrutar Asturias (en colaboración, 2013), ¿Quién fue Rosario de Acuña? (2017).
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